La situación precaria de la educación en Carabanchel

Carabanchel, como buen barrio obrero, siempre ha estado necesitado en cuanto a infraestructuras en general, pero en especial de infraestructuras educativas. En torno a unos 254.000 habitantes, somos los que formamos uno de los distritos más poblados de Madrid.

El hecho de tener tantos habitantes y pocos centros educativos tiene como consecuencia que ni las aulas son suficientes para cierto número de alumnos, ni la impartición de las clases puede llegar a ser de la calidad requerida. Esto por otro lado, conlleva que la población migrante sea acusada, como en muchos otros casos, de la culpabilidad del tema. Una vez más, son el objetivo de las criticas, mientras que en realidad nadie repara en donde está el verdadero problema.

Los pocos centros educativos existentes en el barrio se encuentran muy limitados en cuanto a instalaciones deportivas e informáticas, arrastran el lastre de los incesantes cambios en leyes educativas y por si fuera poco, tenemos que puntualizar que esta oferta educativa que se nos ofrece en el barrio es la mayoría de las veces privada. Y es que, como en el resto del país, lo público está pasando de moda, haciendo de todo lo que cae en manos privadas algo corrupto, de mala calidad y para beneficio de unos pocos.

El número exacto de centros educativos de carácter público de educación secundaria obligatoria es siete, frente a los dieciocho centros con titularidad privada y enseñanzas concertadas.

El Plan Bolonia, como medida de privatización, influye no solo en los centros de educación secundaria, si no también en la universidad, lugar donde van a ir a parar los estudiantes del barrio sin ninguna facilidad como ya estamos viendo, sufriendo el aumento de tasas o las becas prestamos, por las que ya nos hipotecan hasta nuestros estudios universitarios.

Durante estos últimos años, la juventud, y con ella la Juventud Comunista, nos hemos estado movilizando porque considerábamos que el Plan Bolonia no era más que la herramienta mediante la cuál se mercantilizaba y se subastaba la educación pública española al mejor postor. Dejando a la educación al servicio del interés de la empresa, pues ahora las empresas también deciden qué asignaturas se imparten y cuáles no. Además con los nuevos grados y postgrado, la formación recibida es menor que con el antiguo sistema, siendo necesario invertir más dinero en la formación cualificada aun invirtiendo los mismos años, además de precarizar las condiciones laborales de los que no pueden pagarse postgrados o másteres.

Por eso defendemos que la lucha contra el Plan Bolonia sigue siendo necesaria, debe continuar, y no solo contra esta, sino también contra la política de privatización de la educación llevada a cabo por Esperanza Aguirre, que sufrimos todos los ciudadanos no pudientes, porque los estudios, desde elementales hasta superiores, deben ser un derecho, no un privilegio.